Ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y luego de rendir protesta de decir verdad, compareció el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, con motivo del Análisis del Tercer Informe de Gobierno.
Intervención de presidentes de comisiones
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), hizo votos para que este ejercicio de rendición de cuentas sea un diálogo provechoso entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Permitirá, dijo, evaluar con objetividad los avances en temas y asuntos relacionados con el combate a la corrupción, la impunidad y el control interno de las dependencias de la administración pública federal.
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), señaló que uno de los valores que la sociedad mexicana reclama de sus instituciones, es la confianza.
Indicó que hay tres sistemas que se tienen que revisar a profundidad y amplitud: Nacional Anticorrupción, Nacional de Transparencia y Nacional de Fiscalización. “En este encuentro republicano y en el diálogo, es lo que queremos hacer: fortalecer las instituciones, el Estado de derecho y llegar a lo que la población aspira, resultados”.
Secretario de la Función Pública
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, así como la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos, y se ha alcanzado ya el punto de inflexión, y refirió que el logro de resultados y la satisfacción ciudadana son los dos conceptos claves de la misión de la Secretaría de la Función Pública.
Indicó que junto a las tareas preventivas están las de fiscalización, por lo que se fortaleció la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), con lo que “tenemos la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías”. Y en lo que concierne a las compras, refirió que el pasado 1 de octubre se puso en operación la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).
Expuso que “hemos abierto la puerta a las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas”, y enfatizó que la SFP promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil Comités de Contraloría Social.
Añadió que: “mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del Gobierno Federal, con el objetivo de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. Este acompañamiento significó una cobertura del 74 por ciento, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
La diputada de Morena, Lidia Pérez Bárcenas, dijo que su bancada va a contribuir con el Ejecutivo para erradicar la corrupción y la impunidad, así como mejorar el funcionamiento de la administración pública; por ello, se revisarán las leyes en materia de responsabilidades con el fin de optimizar su funcionamiento y que en las adquisiciones haya ajustes para tener mejores prácticas gubernamentales.
Agregó que “Morena tiene la firme determinación de instaurar una nueva ética en el servicio público, de poner el poder al servicio de la gente; ese fue el mandato que el pueblo nos dio. Acabemos con la corrupción y la impunidad”.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) expuso que el combate a la impunidad del que pretende darse cuenta en el Informe de Gobierno del Ejecutivo queda limitado a desarrollar acciones de defensoría de oficio, lo cual resulta insuficiente para la debida sanción de los servidores públicos.
Resaltó que la organización Transparencia Internacional recomendó que la Fiscalía General de la República e instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en emitir sentencias reales a las redes de corrupción, lo que ayudará a que el país obtenga un mejor lugar en el Índice de Percepción de Corrupción.
Alma Carolina Viggiano Austria, diputada del PRI, consideró que México merece un gobierno eficiente que le sirva al pueblo; sin embargo, el costo de la corrupción en los trámites se incrementó 64 por ciento durante 2019, según datos de la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental. De igual forma, el Índice de Opacidad para Combatir la Corrupción reportó que, en 2021, el país disminuyó en su eficacia en los procesos para eliminarla, lo que demuestra que este fenómeno no se ha combatido de manera eficaz.
“En el PRI estamos conscientes de que la corrupción es un fenómeno estructural que aqueja y daña a todos los ámbitos de gobierno, por lo que es fundamental que la Secretaría de la Función Pública actúe de forma eficiente y eficaz, con verdaderas acciones que permitan erradicar la corrupción, pero sobre todo sancionar a los funcionarios que incurren en ella”, añadió.
Del PVEM, la diputada María del Carmen Pinete Vargas celebró las acciones que ha emprendido el Gobierno Federal en aras de enfrentar y atender las demandas ciudadanas y los retos en el ámbito público, así como erradicar los espacios que propicien la corrupción y castigar cualquier irregularidad en la administración pública.
Enfatizó que, como legisladores, son parte de la transformación del país, por lo que deben dar prioridad a las acciones que obliguen al actuar prudente, eficaz y ético del servicio público, además de mantener distancia entre los intereses políticos y económicos, porque es el mandato de la ciudadanía.
Victoriano Wences Real, diputado del PT, reconoció los avances en la política anticorrupción, así como la gestión de un gobierno basado en la honestidad, eficiencia y cercanía con el pueblo. Añadió que en el Tercer Informe se da cuenta de acciones congruentes, cuyo objetivo es transformar la función pública, para encabezar una lucha por la integridad y la moralización del servicio público y mantener la sana distancia entre los intereses políticos y los económicos.
Indicó que la austeridad y vigilancia del ejercicio de los recursos son fundamentales para garantizar que se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad, “pero para lograrlo debe restaurarse la voluntad política de fiscalizar cada peso, en cada dependencia, en cada ventanilla, en cada municipio y en cada programa, para cumplir el compromiso de barrer la corrupción de arriba hacia abajo”.
Por MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo expresó que en el informe presentado no hay un resumen o dato referente al trabajo de la Política Nacional de Vacunación.
Llamó a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, al mismo tiempo que criticó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, las estrategias en materia de austeridad, los alertadores internos y externos y las sugerencias para actualizar el marco legislativo conforme a lo que sugiere el T-MEC.
La diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, afirmó que “la corrupción en el país es un cáncer, y erradicarla y ser transparentes son banderas políticas, pero cuando se accede al poder se olvidan. Hoy se protege a la corrupción, se protege a los amigos y se persigue con este pretexto a los enemigos políticos. El Gobierno no es diferente, así lo ha demostrado”.
Agregó que, desde el inicio del actual Gobierno, el Estado de derecho se ha vulnerado, la aplicación de la ley se ha puesto a consulta, la información privilegiada se entrega a los amigos y se estigmatiza y denuesta a los adversarios. Consideró “necesario limpiar el ejercicio del servicio público de prácticas nocivas; no obstante, no hay alguna acción concreta del actual Gobierno en contra de la corrupción”.
